El escándalo de lo audios: a horas del fin del secreto de sumario, la droguería pidió que no se difundan los datos de su servidor

A horas de que concluya el secreto de sumario en la causa por presuntos hechos de corrupción alrededor de las compras de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina, el abogado defensor solicitó extrema reserva sobre la información del servidor informático de la compañía.

La investigación que inició hace poco más de veinte días bajo la convicción del fiscal federal Franco Picardi de que las grabaciones de Diego Spagnuolo revestían el suficiente grado de sospecha para impulsar la acción penal.

A la fecha no se formularon imputaciones individuales, pero sí una pesquisa que fue desarrollándose en base a un hipótesis central: dilucidar si existieron pagos indebidos que vinculen al organismo público con la droguería, que a su vez es la principal proveedora de medicamentos de la ANDIS.

Desde entonces se realizaron cuatro allanamientos, que iniciaron órdenes de presentación a la droguería, a la Agencia de Discapacidad y a los barrios privados donde viven Spagnuolo y los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, socios de la empresa. En total se secuestraron más de 340 mil dólares y se ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario para los apuntados en el caso.

¿Qué sospecha la fiscalía? Que la posible estructura pretendía promover ciertos favores comerciales a la Suizo Argentina para que comercialice medicamentos, a cambio de sobornos.

En uno de los últimos allanamientos el fiscal requirió el servidor informático de la compañía de la familia Kovalivker. La resistencia inicial fue argumentada bajo la premisa de que ese equipo cuenta con información reservada correspondiente a miles de pacientes y sus médicos.

El accionar del jefe de sistemas de la droguería le valió una denuncia penal del juez Sebastián Casanello por obstrucción a la justicia y resistencia a la autoridad.

Después de varias horas de allanamiento, la fiscalía pudo obtener una copia del servidor. La misma fue requerido para acceder a los mails corporativos como así también a todas las contrataciones de Suizo Argentina, y el listado de clientes y todo tipo de información comercial.

Ante este escenario, el abogado de Emmanuel, Jonathan y su padre Eduardo Kovalivker presentó un escrito en Comodoro Py para pedir que no se difunda la información reservada que se encuentra en el servidor.

Fuentes allegadas a la compañía explicaron a Clarín que más del 90% de sus clientes “son privados” y que se provee de medicamentos e insumos a más de 700 clínicas, sanatorios y a más de 7.000 farmacias de todo el país.

De ese universo hay más de 30.000 personas a las cuales se les proporciona medicamentos para “tratamientos especiales, como HIV, los mismos cuentan con trazabilidad y es información en extremo delicada que debe permanecer bajo reserva”.

Frente al reclamo dl abogado Martín Magram, fuentes judiciales explicaron a Clarín que toda la información que se analiza como resultado de la copia del servidor “se circunscribe al objeto procesal”, al igual que las extracciones forenses de los celulares, los documento y todo lo secuestrado a lo largo de los allanamientos.

Con este telón de fondo, este jueves concluye el secreto de sumario que rigió en la investigación durante veinte días hábiles. La medida, indicaron fuentes del expediente “sirvió para preservar toda la prueba relevante al a causa que podría haber sido manipulada”.

Una vez levantado el secreto de sumario, la gran duda es si habrá elementos suficientes para que el fiscal formule un pedido de indagatoria al juez Sebastián Casanello. Una trama de sobornos o irregularidades en procesos licitatorios son delitos complejos de determinar y la fiscalía trabaja en la investigación para unir todos los cabos y darle sustento a un eventual llamado a indagatoria.

Para reconstruir la presunta ruta de sobornos, el fiscal Picardi rastreó todos los elementos que permitan seguir los movimientos de fondos y los pagos que entre el organismo de discapacidad y la Suizo Argentina.

En esta línea de investigación se incluye el patrimonio de Diego Spagnuolo a quien se le secuestraron U$S 80.000 que no estaban declarados. La lupa se posa en sus bienes: cuando ingresó a la función pública declaró poco más de 30 millones de pesos y en dos años, esa fortuna trepó a 81 millones.

También se están analizando los contratos de compra de medicamentos, donde se prioriza otra línea de investigación: determinar si hubo sobreprecios en esas adquisiciones y si los procesos fueron bajo las normativas vigentes, o por el contrario si hubo allí un esquema de direccionamiento para beneficiar a la droguería Suizo Argentina.

Esa parte de la causa está en manos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dirigida por el fiscal general, Sergio Rodríguez. En total hay más de cien facturas bajo estudio y más de 600 contratos celebrados durante la gestión mileista, entre la ANDIS y la compañía de la familia Kovalivker.